El mundo político ha instalado el debate acerca del salario ético, con miras a corto plazo privilegiando un clima electoral anticipado. En Chile mas del 80 por ciento de los empleos lo provee la pequeña y mediana empresa, la cual en su mayoría, no esta en condiciones de asumir compromisos salariales que significan poner en riesgo su actividad.
En el país la distribución salarial es desigual. Por tanto, hay responsabilidad directa a la política publica, ya que en la provisión de los servicios sociales el Fisco ha sido un mal empleador, con acceso excluyente de sus trabajadores al sistema de protección social además de consolidar una política de mal pagador, y la estructura de contratos que se administran ha acentuado la desigualdad salarial dentro del aparato publico. La desigualdad que existe en el país se debe en gran medida a que los recursos se han dilapidado y el nivel del gasto fiscal ha aumentado más que el crecimiento de la economía.