Los gobiernos de la concertación han tenido mas de 5 años para perfeccionar la reforma al sistema procesal penal relacionado con la responsabilidad de los adolescentes en actos delictuales que ayudaría a la ciudadanía en general, pero aun quedan temas pendientes como la falta de una infraestructura adecuada, la segregación y seguridad dentro de los establecimientos carcelarios, problemas de diseño y gestión en programas de rehabilitación e inserción y de interpretación jurídica.
Por otra parte, el fracaso del sistema actual de responsabilidad juvenil esta basado en un circulo vicioso en que los menores entre 14 y 16 años son totalmente irresponsables en materia penal y no saben a ciencia cierta lo que hacen, porque los jueces a pesar de tener la herramienta del discernimiento, prefieren no utilizarla, por lo tanto son incentivados a seguir delinquiendo.
Así, el país nuevamente presenciara la improvisación del gobierno al tratar de iniciar otro translagos , pero esta vez en el ámbito judicial. El ejecutivo no ha sido capaz de conducir en forma exitosa ningún proyecto o reforma y la nueva institucionalidad penal adolescente requiere de algunas modificaciones y estudios antes de colocarla en marcha y no seguir con fracaso tras fracaso , comisión tras comisión y soluciones parches que no conducen al avance ni a la modernización de la nación.
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8 comentarios:
Instituto Libertad y Desarrollo
A casi un año y medio de aprobada la nueva legislación penal adolescente (noviembre 2005), y ya habiéndose postergado la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad desde junio de 2006 para junio de este año, se ha generado un debate entre el Gobierno, la oposición, el mundo técnico y la Comisión de Expertos que analiza el tema, en torno a los serios déficit que presenta la nueva institucionalidad a menos de dos meses de su puesta en marcha. Lo anterior es grave por dos motivos. En primer lugar, porque se está poniendo en riesgo la reforma misma, la que ha esperado prácticamente 5 años y que tiene por objeto hacerse cargo de uno de los fenómenos más relevantes que ha impactado a la seguridad ciudadana en el último tiempo: el aumento de la delincuencia juvenil. La necesidad de hacerse cargo de sus causas y efectos, la reinserción y rehabilitación de los jóvenes, junto a un esquema sancionatorio que sea eficaz en disuadir y terminar carreras delictuales juveniles; son todas cuestiones anheladas y de gran beneficio social, las que podrían fracasar si la puesta en marcha e implementación del nuevo sistema se basa en la improvisación. En segundo lugar, ésta es una situación grave porque el Ministerio de Justicia en los últimos dos años ha mostrado que no ha sido capaz de liderar en forma exitosa reformas judiciales relevantes, lo que le ha valido, entre otros, un cambio reciente de Ministro y una pelea de magnitud con la Corte Suprema. Así, todo aquello que se aprendió con la Reforma Procesal Penal parece haberse olvidado a la hora de implementar la nueva justicia de familia que se está discutiendo en el Congreso una modificación a la reforma de familia, y entregándose recursos por más de $ 24 mil millones-; la laboral –cuya entrada en vigencia se postergó para el 1º de marzo de 2008- y la de responsabilidad penal adolescente, postergada desde el 1 de junio de 2006 para este 1 de junio próximo. Si a ello se suma la construcción concesionada de cárceles –en lugar de haber 10 en operaciones en marzo de 2006 como se comprometiera el ex presidente Lagos, éstas estarán disponible recién el 2010 (y no necesariamente todas); cabe preguntarse si se trata de un ministerio con desempeño deficiente en cuanto a implementación de reformas de su competencia o si eran deficientes los proyectos ya avanzados que en marzo pasado recibió de la administración anterior, y no ha logrado corregirlos desde entonces. Cualquiera de las alternativas enunciadas es mala y es de esperar que el nuevo Ministro pueda enmendar el rumbo. El Ministerio de Justicia en los últimos dos años ha mostrado que no ha sido capaz de liderar en forma exitosa reformas judiciales relevantes, lo que le ha valido, entre otros, un cambio reciente de Ministro y una pelea de magnitud con la Corte Suprema. ¿Por qué fracasó el sistema vigente? el fracaso del sistema de responsabilidad juvenil actualmente vigente está centrado en la existencia de una legislación anacrónica que genera todos los incentivos para que más y más jóvenes entren al mundo de la delincuencia. El actual esquema de justicia juvenil se considera que los menores de 18 años son inimputables, es decir, supone, por ejemplo, que una persona de15 años de edad no debiera saber que matar, robar o violar son actos delictuales. La principal consecuencia dañina de este criterio, de no considerar responsables penal-mente a los adolescentes, es que en Chile la ley trata de igual forma a los delincuentes juveniles que a los menores en situación irregular. Al considerarse inimputables a los menores de edad, se tiende a fomentar en éstos una conducta irresponsable e irrespetuosa hacia la vida y propiedad ajena. Además, a falta de responsabilidad penal de los menores, delincuentes adultos los usan como intermediarios –de alguna forma los subcontratan- para cometer delitos.
Por excepción, la vieja legislación permite que el juez declare con discernimiento a menores de 18 años y mayores de 16, a los cuales se les aplica el procedimiento penal como si fueran adultos, lo que también es un grave defecto, ya que en vez de recuperar a ese joven delincuente, muchas veces lo transforma en un delincuente avezado. Dado lo anterior se cae en un verdadero círculo vicioso: Menores entre 14 y 16 años son totalmente irresponsables en materia penal. Además, en general los jueces son reacios a declarar que actuaron con discernimiento, y respecto de los que sí, o bien terminan siendo objetos de sanciones insignificantes o la rehabilitación no produce ningún efecto beneficioso. Por lo tanto, el sistema falla en la medida en que los jóvenes no perciben que hay una sanción venes no perciben que hay una sanción por el delito que cometen y tienen los incentivos a volver a hacerlo. Por lo tanto, dado que el beneficio de volver a delinquir es mayor al costo de hacerlo, y considerando que en el proceso de rehabilitación es probable que haya aprendido aún más, sólo se puede esperar más delincuencia juvenil.
El sistema falla en la medida en que los jóvenes no perciben que hay una sanción por el delito que cometen y tienen los incentivos a volver a hacerlo. Por lo tanto, dado que el beneficio de volver a delinquir es mayor al costo de hacerlo, y considerando que en el proceso de rehabilitación es probable que haya aprendido aún más, sólo se puede esperar más delincuencia juvenil.
Se prende la alarma: déficit a dos meses Lo que generó la actual controversia –y el que se prendieran las alarmas en el Ministerio de Justicia- fue el preinforme entregado por algunos miembros de la Comisión de Expertos que asesora al Ministerio de Justicia en esta materia, donde se establecían las serias falencias y déficit de la nueva institucionalidad a tan sólo dos meses de ser implementada. Esto fue decisivo, porque era previsible que el Ministerio buscara postergar la entrada en vigencia de la nueva legislación, cuestión que sería impresentable tanto desde el punto de vista político (tercera postergación de una reforma relevante en poco tiempo), como técnico. Más aún, cuando ésta es una legislación que se ha venido discutiendo desde 2002 y estuvo a su vez parada por 3 años en el Congreso, por problemas de diseño y financiamiento. Entre las falencias que existen, se encuentran: Falta de una infraestructura adecuada, tanto en el número de centros de internación que estarán completamente operativos para junio y su dispar grado de avance a lo largo del país; como en las medidas que se deben adoptar al interior de los mismos en materia de segregación • Problemas en materia de diseño y gestión los programas de rehabilitación y reinserción; donde también hay falencias desde el punto de vista de la coordinación inter-sectorial, porque intervienen carteras diversas a Justicia como educación y salud; • Problemas de tipificación e interpretación de algunas figuras jurídicas, especialmente respecto de los casos (delitos) en que procede la internación provisoria (prisión preventiva) de los jóvenes infractores. Por ejemplo, la ley no permite pedir la internación provisoria a imputados de delitos que no sean crímenes, y podría darse la hipótesis, de que un homicidio o un robo en lugar no habitado podría ser considerado sólo un delito simple (y por tanto no se podría aplicar la internación provisoria); • Problemas en la capacitación de los actores del sistema, en especial el rol que debe cumplir SENAME; e • Inexistencia de un equipo técnico que lidere, evalúe y proponga las modificaciones y perfeccionamientos a la nueva institucionalidad; esquema que fue clave en el éxito y perfeccionamiento de la Reforma Procesal Penal.
La nueva institucionalidad representa un avance respecto de la situación actual. Se trata de entregar un conjunto amplio de penas y medidas de rehabilitación que apunten a la re-inserción del joven infractor. Así, se busca reintegrar a los jóvenes infractores a la sociedad, siguiéndose una lógica distinta a la del sistema criminal adulto (que tiene un mayor componente de disuasión a través de condenas privativas de libertad) Así, en el nuevo sistema se establece: • Un sistema de responsabilidad penal que rige las infracciones cometidas por los jóvenes mayores de 14 y menores de 18; • Se termina con el trámite del discernimiento; • Un esquema de penas alternativas di-versas (amonestaciones, multas, trabajo comunitario y libertad asistida o asistida especial –con tratamiento de rehabilitación-); • Un esquema de penas privativas de libertad en régimen cerrado o semicerrado (reclusión nocturna), en casos de delitos graves como homicidio y robo con violencia; • Un proceso oral, donde participan fiscales y defensores; y • El acceso de los jóvenes infractores privados de libertad a programas educativos, laborales y de recreación. Además, con la entrada en vigencia de esta nueva institucionalidad se adecua nuestra legislación a la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Chile en 1990 y las “Reglas de Beijing”, que establecen normas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las que favorecen un sistema penal juvenil distinto al que consagra nuestro Código Penal, las cuales ya han sido aplicadas en la mayor parte de América Latina. Conclusiones Si bien la nueva institucionalidad penal adolescente es una gran noticia en el proceso de modernización de la justicia chilena, en especial, respecto de cómo contar con una institucionalidad y herramientas que se hagan cargo de un tema tan complejo como la delincuencia juvenil; existe el fundado temor de que su implementación sea un nuevo fracaso en materia de reformas judiciales.
sigue adelante
La delincuencia juvenil crece cada dia mas porque las leyes en chile estan hechas pensando en los delincuentes y no en las personas honestas
Una vez mas estamos de acuerdo, espero que tu forma de pensar que es la acertyada llegue a muchos lugares, pero para eso debemos enviar tu blog a muchas y personas y dejar de ser flojos.
Cansados estamos todos de un gobierno incapaz
Necesitamos un cambio de gobierno, pero todos debemos por comenzar a reclamar por la corrupcion, el transantiago y otro tanto de cosas mas. No podemos seguir callados como animalitos corderitos llevados por el camino del fin.
Muy bueno tu blog , escribes bien , te felicito por decir las cosas sin miedo, ojala hubiesen muchas personas como tu.
aunque ya se voto , al menos los parlamentarios de la udi hicieron un cambio bueno y lo mejor es que le trajo como siempre problemas a la concertacion
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